Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron este domingo las “acciones militares ejecutadas unilateralmente” por Estados Unidos en Venezuela, en las que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al considerar que vulneran principios fundamentales del derecho internacional.
En un comunicado conjunto, los seis países expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a la operación, al señalar que contraviene la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
Los firmantes también manifestaron su preocupación ante “cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, en referencia a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó el sábado que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se produzca una transición “segura” y “apropiada”.
Trump no precisó cómo ni por cuánto tiempo su país asumiría ese control, pero aseguró que compañías petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura del sector energético venezolano, que calificó como “en muy mal estado”.
Llamado al diálogo y a una solución pacífica
Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay subrayaron que la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas”, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, “sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.
En esa línea, afirmaron que solo “un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos”, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
Los seis países recordaron además que América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, por lo que hicieron un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad de la región.







